Editor’s Note: This story was originally published in The Nevada Independent. The Nevada Sagebrush has partnered with The Nevada Independent to bring our readers more Nevada news.

La Comisionada del Trabajo de Nevada, Shannon Chambers, habla con el jornalero Alejandro Monarrez durante una junta en el Arriba Las Vegas Worker Center el martes 12 de marzo de 2019. (Foto: Jeff Scheid-Nevada Independent).

Por Chris Kudialis / The Nevada Independent

La Comisionada del Trabajo de Nevada, Shannon Chambers, probablemente pensó que el martes por la noche enfrentaría algún rechazo cuando se reunió en un centro al Este de Las Vegas con trabajadores quienes no han sido bien atendidos, pero se notaba visiblemente poco preparada – y no contenta – con las reacciones que se suscitaron cuando ella llegó.

Originalmente planeado como un taller de 90 minutos para discutir los derechos de los trabajadores y escuchar las inquietudes de los jornaleros, Chambers se abrió camino entre unos 40 asistentes luego de una hora de haber recibido abucheos, burlas e insultos por irse antes de lo programado.

“No estamos haciendo esto otra vez”, dijo la comisionada de trabajo al abogado de Arriba Las Vegas, Cal Soto, en su camino hacia la puerta. “Sabes que no podemos hacer todas estas cosas que ellos quieren”.

Los asistentes al foro, entre quienes había trabajadores cuyos acuerdos informales con propietarios de tierras y dueños de negocios habían fracasado en algún momento durante los últimos seis meses — lo que significa que no les pagaron por su trabajo — pasaron la tarde del martes con el objetivo de protestar por las irregularidades en el mercado de trabajo diario de Nevada.

Ellos dijeron que la oficina del Comisionado Laboral de Nevada no estaba ayudando lo suficiente para evitar que sus contratistas se aprovecharan de ellos, y reclamaron que la agencia ignoraba a propósito las reclamaciones de robo de salarios de los trabajadores, enviándolos a una corte de reclamos menores.

La oficina de la dependencia, según su sitio de Internet, funciona para ayudar a los trabajadores a entender sus derechos y asegurarse de que los empleadores no violen la ley. Las responsabilidades de la oficina, incluyen investigar casos de robo de salarios, hacer cumplir las leyes de salario mínimo y garantizar que las condiciones de trabajo cumplan con las normas de seguridad estatales.

Aunque que Chambers repitió varias veces durante la noche que su departamento no tenía la autoridad para procesar o multar de inmediato a los dueños de negocios acusados de robo de salarios sin al menos darles el debido proceso legal, organizadores del evento se refirieron a NRS 607 —que da al comisionado laboral la autoridad de presentar demandas contra empleadores que no le pagan a tiempo a sus empleados — y NRS 608 —que exige sanciones penales para empleadores que no le pagan a tiempo a sus empleados — para refutar sus reclamos.

También abogaron para que la Cámara de esa dependencia invierta más recursos para educar a los nevadenses acerca de existencia de la oficina del comisionado de trabajo.

El Centro Arriba Las Vegas es uno de los más de 50 grupos asociados con la Red Nacional de la Organización de Jornaleros con sede en Los Ángeles, una organización de tendencia de izquierda que está al pendiente de los derechos de los trabajadores inmigrantes.

Alejandro Monarrez, un trabajador local nacido en México, describió que en una ocasión fue golpeado en la frente con una pala por el dueño de una casa donde laboraba vertiendo concreto.

Después de recibir pago por tres semanas en ese empleo, Monarrez dijo que trabajó 76 horas durante una cuarta semana. El dueño de la casa se negó a pagarle por esa última semana, y cuando Monarrez protestó, señaló que el hombre lo golpeó con la pala.

La esposa de Monarrez y sus dos hijos pequeños se sentaron llorando en el fondo de la sala mientras él contaba su historia en español a Chambers, y los asistentes escuchaban. El abogado Cal Soto, de la Red Nacional de la Organización de Jornaleros (National Day Laborer Organizing Network) tradujo al inglés el testimonio de Monarrez mientras Chambers y otros oían a través de audífonos.

“Quiero que me ayude a asegurar que me paguen lo que merezco”, dijo Monarrez.

Yesenia Mejía, ciudadana estadounidense de ascendencia mexicana, empezó a trabajar en la construcción poco después de la recesión a principios de esta década para ayudar a mantener a sus tres hijos.

Después de ser rechazada para recibir un pago de $1,600 dólares en octubre pasado por parte de una compañía local de paneles de yeso, dijo que no pudo pagar regalos para sus hijos de 12 y 7 años para sus cumpleaños en diciembre.

En cambio, comentó que había esperado hasta enero antes de que el Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas se comunicara con la compañía y negociara un acuerdo.

Mejía instó a Chambers a luchar más duramente contra las empresas que robaron los salarios a los jornaleros y argumentó que, si bien eventualmente se le pagó por su trabajo, la empresa salió ilesa de sus prácticas comerciales poco éticas.

“¿Nos va a ayudar a obtener más penalidades para estos contratistas que no están pagando a estas personas?”, preguntó Mejía a Chambers enfrente de los asistentes.

Los momentos más contenciosos de la noche sucedieron después de que Monarrez, Mejía y otros tres jornaleros habían terminado de compartir historias acerca del robo de sus salarios. Una hora después del inicio del taller, Chambers informó a la Directora del Centro de Trabajadores en Las Vegas, Bliss Requa-Trautz, y a otros cuatro trabajadores del Centro Arriba quienes estaban presentes en el evento que tenía que irse.

Levantando su brazo derecho, con la palma de la mano hacia Chambers para detener a la comisionada donde estaba parada, Requa-Trautz levantó indicó al organizador del evento, Francis García, que leyera una declaración demandando cambios inmediatos para esa oficina. Esos cambios incluyeron el reconocimiento de los jornaleros y los trabajadores domésticos como empleados legítimos en la fuerza laboral y el cumplimiento de los reclamos de robo de salarios realizados por los trabajadores en esos campos.

Requa-Trautz preguntó a Chambers cuándo podrían promulgarse los cambios, y cuando respondió “seis meses a un año”, una fuerte reacción de largos abucheos y risas burlonas llenaron la sala.

“¡Gracias comisionada!”, gritó sarcásticamente uno de los asistentes.

Mientras Chambers caminaba unos 30 pies desde el frente de la sala hasta la salida, Requa-Trautz y García dirigieron un canto en voz alta en el que preguntaron a los asistentes cuándo querían justicia, y ellos respondieron “ahora”, mientras Chambers seguía con su salida del centro.

“No en seis meses, ni en un año”, gritó García.

La comisionada del trabajo no habló con miembros de los medios el martes por la noche y no respondió a una solicitud de comentarios el miércoles por la mañana. Pero a pesar del ambiente contencioso, los organizadores del evento dijeron que tenían confianza en que en el futuro la oficina del comisionado laboral escuchará las voces de los trabajadores que no han sido bien atendidos.

“No estamos haciendo esto como un ataque personal contra ella”, dijo Soto. “Solo queremos que sepa qué está pasando y asegurarnos de que ellos estén trabajando para proteger a los trabajadores de Nevada”.